El Gobierno regional ha expresado su preocupación por la protección de las víctimas de violencia de género durante el proceso de transición entre el contrato actual de las pulseras antimaltrato y la nueva adjudicación. En la Conferencia Sectorial de Igualdad, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha señalado que el Ministerio de Igualdad no ha ofrecido información suficiente sobre cómo evitar que se repitan los fallos ocurridos hasta ahora.
Ruiz ha enfatizado la importancia de garantizar la continuidad del servicio de los dispositivos antimaltrato para evitar que las víctimas queden desprotegidas. Además, ha manifestado su inquietud por la falta de claridad sobre si se han corregido las deficiencias que han comprometido la seguridad de las mujeres protegidas por el sistema.
La consejera ha exigido transparencia en el proceso de licitación del nuevo contrato, así como en los mecanismos para asegurar la continuidad del servicio durante la migración tecnológica. También ha pedido un refuerzo de los recursos técnicos y humanos del sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático.
Adicionalmente, Ruiz ha mostrado su preocupación por la decisión del Ministerio de mantener la obligación de que las autonomías asuman el 25% de la financiación del Plan Corresponsables, lo que supone cerca de 1,7 millones de euros para la Región. Esta medida, según la consejera, ha sido impuesta sin diálogo previo y afecta a programas esenciales para las familias.
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