Por Pablo Arranz 
La moción presentada por los grupos municipales de VOX y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca denuncia la facilitación de la regularización de detenidos extranjeros, incluidos aquellos en prisión preventiva, como una medida que podría reforzar su permanencia en España y dificultar su expulsión incluso después de una condena.
Según los partidos políticos, esta medida se enmarca dentro de una política migratoria que incrementa la presión sobre los servicios públicos, afecta a la seguridad y genera desconfianza en las instituciones. La moción surge a raíz de comunicaciones del Ministerio del Interior dirigidas a centros penitenciarios, instando a facilitar el acceso de detenidos extranjeros a un proceso extraordinario de regularización.
Uno de los aspectos más preocupantes es que entre los potenciales beneficiarios se encuentran detenidos en situación preventiva, es decir, personas privadas de libertad por la comisión de delitos graves. La moción destaca que aproximadamente el 85% de estos presos acaban siendo condenados con sentencia firme, lo que hace que esta política sea considerada «absolutamente estúpida».
Además, se señala que la regularización administrativa genera arraigo, lo que dificulta la posterior expulsión del territorio nacional. Esto, según los grupos políticos, va en contra de los principios básicos de cualquier sistema democrático basado en la legalidad y la rendición de cuentas.
La concejala de VOX, María Teresa Ortega, afirma que esta decisión es irresponsable y envía un mensaje peligroso a la sociedad. Por su parte, la concejala popular Belén Pérez indica que el Gobierno ha optado por impulsar la regularización masiva de extranjeros de manera unilateral, evitando el debate parlamentario y el control de las Cortes Generales.
La moción presentada insta al Gobierno de la Nación a cancelar la regularización masiva de inmigrantes, incluyendo a aquellos en prisión preventiva, argumentando que esta medida afecta a la convivencia, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos. VOX y el Partido Popular coinciden en la necesidad de adoptar una postura firme frente a lo que consideran una política que pone en peligro el equilibrio social y el respeto a la ley.
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