Por Pablo Arranz 
Los gobiernos de la Región de Murcia y Valencia, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), están estudiando acciones legales ante las graves irregularidades en la gestión del Tajo. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha informado sobre anomalías en los caudales liberados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, que no se ajustan a las normas vigentes.
En un encuentro reciente, Rubira, junto con el consejero valenciano Miguel Barrachina y el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, discutieron las posibles medidas legales a tomar. Se mencionó un desperdicio de agua de 100 hectómetros cúbicos al año en los envíos para abastecer los regadíos manchegos, lo cual representa la cantidad de agua que se pretende recortar anualmente en los trasvases.
Rubira ha expresado la necesidad de documentación oficial que explique estas decisiones, destacando que se trata de una cuestión política que afecta al sector agroalimentario y al futuro de muchas familias. Se ha señalado que la modificación de las reglas de explotación del trasvase podría tener un impacto significativo en la Región de Murcia y en sus habitantes.
En este contexto, se destaca la importancia de la unidad del sector y la sociedad para enfrentar estos desafíos. Rubira ha afirmado que el Gobierno regional no permanecerá pasivo ante esta situación y tomará las medidas necesarias para abordar esta problemática.
En resumen, la gestión del agua en el Tajo está generando preocupación en las autoridades regionales, quienes buscan garantizar un uso adecuado de este recurso vital y proteger los intereses de los ciudadanos afectados por estas irregularidades.
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