Por Pablo Arranz 
La Región de Murcia ha implementado una nueva Ley de Simplificación Administrativa que busca transformar el modelo de gestión pública, enfocándose en la agilidad, la digitalización y la transparencia. Esta ley, que ya está en pleno vigor después de su convalidación por la Asamblea Regional en julio, tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia de la Administración, haciéndola más accesible y orientada al crecimiento económico.
El texto unifica más de una década de iniciativas en simplificación normativa y modernización administrativa, introduciendo nuevas medidas que promueven un enfoque ágil y transparente en la gestión pública. Entre las novedades más relevantes se encuentra la generalización del silencio administrativo positivo, la ampliación del uso de declaraciones responsables y la posibilidad de que técnicos acreditados certifiquen el cumplimiento de requisitos, facilitando así el trabajo de la Administración.
Además, se ha implementado una nueva licencia básica urbanística que acelerará la construcción de viviendas con garantías legales y medioambientales. La Carpeta Empresarial se ha establecido como una ventanilla única digital, permitiendo a ciudadanos y empresas evitar la presentación de más de un millón de documentos, con un ahorro estimado de seis millones de euros.
Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, destaca que el objetivo de esta ley es reducir la carga burocrática para que ciudadanos, autónomos y empresarios puedan dedicar más tiempo a generar riqueza y empleo en la Región de Murcia. Gracias a medidas previas aplicadas, se ha logrado reducir significativamente los plazos en proyectos estratégicos, facilitando inversiones por cientos de millones de euros y agilizando trámites que antes se prolongaban durante más de un año.
La ley también asegura la seguridad jurídica y refuerza garantías, manteniendo estándares de calidad, seguridad, respeto al medio ambiente y protección de los derechos ciudadanos. Se establece un régimen sancionador contundente, con multas de hasta 600.000 euros para infracciones graves cometidas por entidades colaboradoras de certificación o por uso indebido de declaraciones responsables.
Con la convalidación parlamentaria, la ley iniciará un periodo para la presentación y valoración de enmiendas que puedan mejorar su alcance y eficacia. En resumen, esta normativa busca hacer de la Región de Murcia un lugar más competitivo, atractivo para la inversión y cercano a sus ciudadanos, dando un paso decisivo hacia una Administración más eficiente y moderna.
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