Por Pablo Arranz 
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido una declaración institucional en la que condena los ataques y descalificaciones dirigidos al Tribunal Supremo y al Poder Judicial, a raíz de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras aún estaba siendo juzgado.
Este pronunciamiento marcó el cierre del XXVII Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, bajo el lema ‘Justicia independiente, garantía de democracia’, celebrado en Murcia. En el acto de clausura, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, respaldó a Sánchez, argumentando que en democracia es válido criticar y discrepar de una resolución judicial con respeto, en un ejercicio democrático que incluye la libertad de expresión y la posibilidad de recurrir.
La presidenta de la APM, Mª Jesús del Barco, lamentó la polarización política que ha obstaculizado un Pacto de Estado y expresó escepticismo sobre la prometida creación de 2.500 plazas para jueces y fiscales debido a la falta de presupuesto del Gobierno central. Del Barco también criticó una campaña gubernamental que sugiere que ser juez es un privilegio heredado, señalando que la mayoría de los jueces han accedido a sus cargos mediante esfuerzo y mérito, no por influencias familiares.
En su intervención, Bolaños destacó su enfoque reformista para modernizar leyes obsoletas, asegurando que dichas reformas no afectan la independencia judicial ni la separación de poderes. Hizo referencia al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el impacto positivo de la Ley de Eficiencia en la reducción de la pendencia judicial. Asimismo, abordó la creación de nuevas plazas para jueces y el proceso de selección de jueces sustitutos por concurso oposición.
En medio de críticas y apoyos, el Congreso concluyó con un llamado a la reflexión sobre el papel de la justicia en la democracia y la importancia de mantener la independencia judicial en un contexto de constantes desafíos y polémicas políticas.
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