Por Redaccion 
Cartagena (Murcia), 3 (Europa Press)
El decreto promovido por el gobierno regional para la regulación del transporte urbano e interurbano de los vehículos de transporte del conductor (VTC) fue validado por la Asamblea Regional después de obtener un apoyo «práctico unanim», como se enfatizó el jueves el Ministro de Desarrollo e Infraestructura Jorge García Montoro.
García Montoro agradeció que la aprobación del decreto «le permite ofrecer un marco legal claro para los servicios de transporte urbano de VTC, favorecer una coexistencia equilibrada con el sector de taxis y garantizar los derechos de los usuarios y la movilidad sostenible de los ciudadanos», informaron las fuentes comunitarias en un comunicado de prensa.
Además, el consejero enfatizó que «el vacío legal que existía después de la modificación de las regulaciones estatales, que limitó el VTC al transporte interurbano sin proporcionar un marco para el entorno urbano» y agregó que «damos un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC tengan reglas claras, respetando el entorno y de acuerdo con la planificación urbana».
«La norma es el resultado de un proceso de diálogo con los sectores involucrados que responden a una demanda del mercado en sí y permiten que los municipios ejerceran sus poderes con criterios de racionalidad y equilibrio», explicó el jefe de desarrollo.
Específicamente, el decreto establece una regulación básica para el servicio urbano del VTC, que debe ser desarrollado por los municipios a través de sus ordenanzas municipales. Estos pueden establecer limitaciones a la actividad de estos vehículos en función de los criterios de sostenibilidad y demanda, adaptándose a las características específicas de cada municipio, como la calidad del aire, la reducción de los contaminantes o la congestión de la carretera.
Además, una moralidad de dos años se encuentra desde la entrada en vigor del decreto hasta que la consistencia aprueba sus ordenanzas. Durante este período, no se otorgarán licencias interurbanas de VTC, aunque las autorizaciones existentes pueden continuar operando y también podrán transportar transporte urbano en el municipio donde el vehículo está domiciliado.
Además, incorpora una limitación específica de los precios en situaciones de alta demanda, estableciendo que el precio final del viaje no puede duplicar el precio ordinario ofrecido por la misma ruta a través de la compañía operativa o intermedia, para evitar el abuso a los usuarios y mantener el interés general.
«Esta es una medida de protección de los usuarios que garantizan que los servicios de VTC reciben garantías en términos económicos», dijo García Montoro.