Por Redaccion 
El Partido Popular ha registrado en la Asamblea Regional una moción para la discusión completa de la creación de una comisión especial sobre la situación actual de la transferencia Tajo-Segura, en la que propone estudiar las medidas a adoptar ante «el hacha de hasta el 50 por ciento de los caudales ofrecidos por el gobierno de Sánchez», el análisis de las consecuencias socioeconómicas que se encontrarán en la región, encontrar las consecuencias del ministro y encontrar las soluciones de los respectivos problemas, encontrar las Consecuencias socioeconómicas para encontrar las soluciones, encontrar los problemas de Murcia, encontrar las consecuencias del Ministro y encontrar las soluciones en las que los problemas respectivos son, para detener las consecuencias del Ministro a los problemas respectivos, encontrar las consecuencias socioeconómicas para encontrar las soluciones de Murcia. generado.
El portavoz del grupo popular en la asamblea, Joaquín Sedado, tiene claro que es esencial conocer las repercusiones que este nuevo desprecio tendrá en la región de Murcia por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
En su opinión, «la reducción del 50 por ciento del agua a transferir tendrá graves consecuencias sociales y económicas». «Afectará directamente a la producción de cultivos, como frutas, verduras y flores, la producción de animales disminuirá, generará pérdidas de empleo, afectará a empresas y a nuestro comercio», dijo.
No olvidó que afectaría, en particular, a nuestras empresas de transporte, especialmente a nuestra flota de camiones de refrigeración, la más grande de Europa. «Es un recorte desproporcionado, arbitrario e injusto, que pone en peligro el futuro de nuestra región y de sus ciudadanos», agregó.
De esta manera, se dijo que esta decisión unilateral del Gobierno de España estará «en peligro de todo lo que se ha obtenido en los últimos 46 años en los que esta infraestructura estratégica ha traído un flujo real de vida y progreso en nuestro país».
Esta «burla de la región», descrita por Segado, significará «un nuevo paso atrás en la lucha contra la desertificación y lo que puede significar con respecto al agua para el suministro de ciudades y pueblos cuyos vecinos verán aumentar de manera exorbitante la factura del agua a través de esta resolución fatal del gobierno».
Por lo tanto, concluyó: «Dada esta situación y la incertidumbre generada por una decisión que, en cualquier caso, se debe a criterios técnicos reales, si no es por decisiones partidistas que, de alguna manera, no tienen en cuenta a los ciudadanos y su futuro, es necesario crear una comisión especial que analice sus consecuencias futuras.