24/03/2025
El gobierno regional pregunta al ministerio que termina el déficit estructural de los tribunales y los tribunales de la región
Más de tres años después de la aprobación del Pacto de Justicia, la comunidad todavía está esperando que las plantillas de jueces, magistrados y fiscales crezcan, y se ejecutan inversiones comprometidas.
El ministro de la Presidencia, el portavoz, las acciones y las emergencias externas, Marcos Ortuño, unos momentos antes de la Ley, junto con el presidente de TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, el rector de la Universidad de Murcia, José Luján y el nuevo magistrado de la Cámara civil y civil, Fernando Castillo.
El gobierno regional requiere que el Ministerio de Justicia adopte las medidas necesarias para poner fin al «déficit estructural grave de los tribunales y tribunales que apoyan a la región y aquellos a quienes el gobierno central no pone ninguna solución», dijo el Ministro de Presidencia, el portavoz, las acciones y emergencias externas, Marcos Ortuñas.
La Asamblea Regional aprobó hace más de tres años, el pacto de la región de Murcia para solicitar la resolución inmediata de las deficiencias que la comunidad arrastró.
Posteriormente, el presidente Fernando López Miras, afirmó que Pedro Sánchez, en la reunión que tuvo en Moncloa en octubre del año pasado, la consolidación de los medios de comunicación para la administración de justicia, «necesaria para tener una justicia ágil y eficiente», mencionó Ortueno, que dijo que «a pesar del gobierno central: silencio».
El consejero, que participó hoy en la Ley de tomar posesión de Fernando Castillo Rigabert como magistrado de la Cámara Civil y Criminal de la TSJ, lamentó que «la situación, lejos de ser resuelta, también se agrava el déficit estructural de los tribunales y los tribunales continúa y, lo cual es peor, sin una solución».
También recordó que hace solo unos días, el candidato para la presidencia de TSJ en la región de Murcia, el juez Manuel Luna, afirmó en su aparición ante el Consejo General del Sistema Judicial la necesidad de incorporar 13 nuevos tribunales en la administración de la justicia.
Ortunto insistió en la necesidad de reducir el volumen de trabajo de jueces y fiscales, porque «no podemos ser la primera comunidad con el peor informe entre los fiscales por nacional y la segunda comunidad con el peor informe entre jueces en España».
«Debemos poner fin a esta falta de recursos galopantes que condenan a los ciudadanos de la región a sufrir una justicia con menos medios y, por lo tanto, con una calidad y eficiencia más bajas», concluyó.
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