El Gobierno regional de la Región de Murcia ha defendido en el Consejo de Internacionalización la importancia de tomar decisiones consensuadas con el sector empresarial. En una reunión celebrada en Barcelona, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que es fundamental no tomar decisiones unilaterales que puedan afectar la competitividad de las empresas.
En este sentido, se abordó la necesidad de reforzar los controles en origen de las plataformas de comercio digital, así como de asegurar las cláusulas de salvaguarda en los acuerdos comerciales para garantizar condiciones equitativas de competencia. La consejera hizo hincapié en la importancia de evitar la comercialización de productos que infrinjan la propiedad intelectual e industrial, especialmente en sectores como la moda o el calzado.
Además, se discutió sobre la evolución del comercio internacional y se analizaron los acuerdos entre la Unión Europea y otros países como Estados Unidos, Mercosur e India. En un contexto de inestabilidad internacional y tensiones comerciales, se resaltó la relevancia de que el Gobierno regional sitúe al empresario en el centro de su acción política.
La Región de Murcia ha presentado el Plan de Internacionalización y Atracción de Inversiones 2026, desarrollado con la colaboración de más de 400 agentes del sector productivo. Este plan incluye una Unidad de Vigilancia de Mercados operativa para anticipar riesgos y brindar información útil a los empresarios.
La consejera recordó que el 35% del PIB regional proviene de las exportaciones, con una fuerte presencia de sectores como el industrial, energético y agroalimentario. Se hizo especial énfasis en la importancia de establecer reglas claras y equitativas para garantizar que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones.
En relación con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, se valoró positivamente la aprobación de cláusulas de salvaguarda en el Parlamento Europeo, consideradas esenciales para proteger al sector primario de posibles distorsiones. Se subrayó la defensa de un comercio internacional justo y recíproco, donde los agricultores y ganaderos cumplan con exigencias sanitarias, medioambientales y laborales estrictas.
Por último, se mencionó la preocupación por la falta de información concreta sobre el denominado Fondo Soberano, instando a una mayor transparencia y certidumbre para las comunidades autónomas. Se reclamaron medidas claras sobre la reindustrialización como parte de un enfoque para evitar situaciones como la venta de Sabic en Cartagena.
En conclusión, se destacó la importancia de que la administración sea una aliada de los empresarios, evitando decisiones unilaterales que puedan afectar negativamente a quienes generan empleo y sostienen la economía.
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